“Ideológicamente estamos en contra de aumentar impuestos para asegurar un salario mínimo como está pidiendo el gremio docente”, afirmó Gracianía, al advertir el impacto fiscal y el inevitable “efecto cascada” que provocaría entre otros gremios estatales. Según explicó, el proyecto busca incrementar tributos sobre tierras improductivas, servicios portuarios, actividades hidrocarburíferas y servicios deportivos, medidas que podrían poner en riesgo sectores estratégicos de la economía fueguina.

Gracianía fue tajante: “No podemos seguir pidiéndole más esfuerzo al sector privado para sostener un Estado que no administra con eficiencia”. Y recordó que el gasto en sueldos docentes ya representa $23.000 millones del presupuesto provincial, y que duplicarlo —como implicaría el proyecto del SUTEF— requeriría una recaudación extra que los impuestos propuestos no alcanzan a cubrir.

Además, criticó que la Legislatura esté abordando temas que deben resolverse en paritarias, en el ámbito del Ejecutivo. “Lo salarial debe discutirse con seriedad, no con atajos legislativos que solo buscan quedar bien con una parte del electorado”, afirmó.

La legisladora también vinculó esta política con otros intentos similares, como la creación de un nuevo impuesto para financiar la obra social OSEF. “Todo se resuelve con nuevos tributos. Pero nadie se hace cargo de la mala administración”, señaló. A su vez, cuestionó propuestas recientes que pretenden subir aportes obligatorios y crear fondos especiales sin fuentes reales de financiamiento: “Son parches coyunturales que no garantizan sustentabilidad”, concluyó.

Desde La Libertad Avanza seguimos defendiendo un modelo que premie el esfuerzo, fomente la producción y deje atrás el camino fácil del populismo fiscal. Lo dijo Gracianía con claridad: no más impuestos para sostener el despilfarro. Es hora de administrar con responsabilidad.