El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue contundente en su declaración: “Ya se cerraron 320 registros, lo que equivale a aproximadamente un 20% de estos espacios que no servían más que para tener de víctima al contribuyente”. Y es que, por años, los argentinos han estado sometidos a un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de los bolsillos de quienes simplemente quieren patentar un vehículo sin ser víctimas de las cajas que se crearon en el Estado.

Esta transformación no solo implica el cierre de oficinas innecesarias, sino que abre la puerta a un sistema único y completamente digital que permitirá a los ciudadanos elegir en qué jurisdicción registrar sus vehículos, promoviendo la libre competencia y el fin del monopolio estatal en la gestión automotor. Como explicó Adorni: “El objetivo es que cada argentino patente donde le conviene, donde le cobren menos impuestos locales”. En otras palabras, que la gente recupere su libertad de decisión.

La casta que durante años usufructuó estos negocios ya no tiene dónde esconderse. Argentina avanza hacia un sistema más ágil, transparente y justo. Y esto recién empieza.