Los jueces de Cámara, en una sentencia de 1541 páginas, resaltaron el rol central de la expresidenta en una red de licitaciones dirigidas para beneficiar a Lázaro Báez. Este empresario, amigo cercano de Néstor  Kirchner, recibió la mayor parte de los contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, a través de su empresa Austral Construcciones.

Los hechos juzgados remiten a la tramitación de 51 licitaciones de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Allí se realizó la maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses del Estado.

Esta empresa, fue favorecida con pagos prioritarios. Los fondos desviados hacia Báez, según estimaciones fiscales, habrían alcanzado $46.000 millones en 2016, una suma que sigue escalando por la inflación, por los cual la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos. A pesar de este enriquecimiento a costa del erario público, tras la derrota de Kirchner en 2015, Austral abandonó las obras, dejando proyectos inconclusos.

Este caso (entre otros) expone cómo la corrupción sistémica perjudicó a Argentina, con montos siderales desviados a un círculo íntimo de poder mientras el país enfrentaba una crisis económica. La condena a Kirchner marca un hito, pero también un recordatorio de las graves secuelas de la corrupción en las instituciones públicas.