El vocero del gobierno, Manuel Adorni, destacó que estas reformas están en plena sintonía con los principios del liberalismo, basados en “el respeto irrestricto por la propiedad y la libertad de los argentinos”. La disolución de la AFIP no solo representa la reducción de una estructura estatal innecesaria, sino que pone fin a un organismo que, en muchas ocasiones, ha excedido sus funciones originales, afectando la vida de los ciudadanos y sus derechos.

La nueva Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será un organismo más ágil y transparente, diseñado para operar con un 45% menos de autoridades superiores y un 31% menos de empleados en niveles inferiores. Este recorte no solo optimiza la gestión, sino que permitirá un ahorro anual de $6.400 millones, lo que reducirá la carga sobre los contribuyentes y el gasto del Estado.

Además, unos 3.100 empleados que ingresaron, en su mayoría, bajo la administración K, serán reubicados o cesados, favoreciendo un Estado más eficiente y menos costoso para los ciudadanos. Con la eliminación de burocracia innecesaria y más espacio para la libertad individual, Argentina avanza hacia un modelo de gobierno donde los derechos y la autonomía del individuo prevalecen sobre la intervención estatal.