La medida se enmarca en una política que prioriza el orden institucional y el respeto por las normas. “Si sos extranjero e intentás ingresar o permanecer en Argentina de manera ilegal, te vamos a identificar, expulsar y no podrás volver a nuestro país”, expresó Monteoliva, sintetizando el criterio que guía la acción del Estado.

Desde la visión que impulsa el presidente Javier Milei, la Argentina es un país abierto, pero no ingenuo. La hospitalidad no puede confundirse con descontrol. Quienes ingresan legalmente, trabajan, producen y respetan las reglas son bienvenidos; quienes violan la normativa migratoria y las leyes argentinas, deberán asumir las consecuencias.

El fortalecimiento de los controles busca proteger la seguridad interna, ordenar los flujos migratorios y garantizar que el sistema funcione con reglas claras. La política migratoria deja de ser un terreno de ambigüedades para convertirse en una herramienta de administración responsable.

En este marco, el mensaje es inequívoco: en esta Argentina, el que las hace, las paga. El Estado cumple su función básica de hacer cumplir la ley, brindando previsibilidad y seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para quienes eligen nuestro país para vivir y desarrollarse dentro de la legalidad.

El orden no es una consigna, es una condición indispensable para que la libertad funcione.