El Congreso de la Nación se prepara para una discusión clave. Este jueves 12 de febrero, los diputados nacionales por Tierra del Fuego, Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, darán el puntapié inicial al tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil impulsado por el presidente Javier Milei en la Cámara Baja.

La iniciativa no es un trámite legislativo más: nace como respuesta urgente al agotamiento de un sistema que quedó obsoleto y se muestra incapaz de frenar la escalada de delitos graves cometidos por menores. El objetivo de la reforma es claro: terminar con las zonas grises que hoy permiten la impunidad en casos de homicidios y abusos, asegurando que la responsabilidad penal sea proporcional al daño causado.

Los nombres que sobrevuelan este debate son algunos de los tantos casos donde la ley actual permitió que los culpables queden sin castigo: Brian Aguinaco, asesinado a los 14 años por un menor que nunca pisó un tribunal; Jeremías Monzón, brutalmente asesinado en Santa Fe por tres menores, dos de los cuales siguen libres; o la niña de 7 años abusada en La Pampa por un adolescente que fue absuelto tras cumplir simples «pautas socioeducativas». Es ese vacío legal, precisamente, el que el proyecto del Ejecutivo Nacional busca cerrar definitivamente.

La premisa es corta y contundente: no hay margen para la ambigüedad; a cada delito le corresponde una consecuencia legal efectiva. En esta Argentina, el que las hace, las paga.