El informe de auditoría es brutal: muelles deteriorados, defensas obsoletas y zonas operativas inseguras.
Y mientras la infraestructura se cae, los números gritan: más del 85% del gasto fue a sueldos y préstamos a otros organismos, y solo el 1,3% volvió al puerto en obras.

Esto no es una disputa partidaria. Es una decisión para proteger a quienes trabajan y garantizar las condiciones mínimas de seguridad que la gestión provincial no supo o no quiso garantizar.

Si el Puerto es soberanía, ¿vamos a seguir tolerando el abandono disfrazado de gestión?. Es momento de que el gobierno de Gustavo Melella se haga cargo.